"Desde UGT denunciamos que la elevada inflación no está siendo acompañada de una subida salarial que garantice la capacidad adquisitiva de los trabajadores"

Marcelino Muñoz García | Secretario General UGT Salamanca

Los datos relativos a la evolución del empleo del mes de diciembre del pasado año son a todas luces positivos con un descenso de 481 personas en situación de desempleo, quedando en la provincia de Salamanca el número de personas demandantes de empleo en 19.401. En la misma línea positiva el número de afiliados a la Seguridad Social aumenta en 243 con respecto al mes anterior, llegando a 124.108 afiliadas y afiliados. Por sectores y a la vista de los datos, el mayor descenso de demandantes de empleo se produce en el Sector Servicios (-506) que sigue marcando la evolución del empleo en nuestra provincia.

Del número de contratos realizados en el mes de diciembre de 2022 (5.866) solamente el 28% se corresponde con contratos indefinidos, y aunque la temporalidad en un mes como el de diciembre es algo completamente normal, desde UGT seguimos preocupados por el hecho de que la reforma laboral (que lleva ya un año en activo) no está teniendo en nuestra provincia los mismos efectos que en el resto del territorio nacional.

Desde UGT denunciamos, como venimos haciendo desde hace meses, que la elevada inflación que no está siendo acompañada de una subida salarial que garantice la capacidad adquisitiva de los trabajadores. La inflación, según las cifras provisionales, será en 2022 de un 8,4%, una cifra que dista mucho del 2,69%, porcentaje en que han aumentado los salarios en convenio hasta noviembre y que no llega al 2% en la provincia de Salamanca. Esto supone una pérdida de poder de compra de más de 6 puntos porcentuales, algo que afecta a la economía de las familias y también al conjunto de la economía salmantina.

Por otra parte, 2023 tiene que comenzar con una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que permita a las personas que menos renta tienen a mantener su poder adquisitivo (lo que para UGT implica un incremento hasta los 1.100 euros en catorce pagas). En cualquier caso, este año debe alcanzar el 60% del salario medio, tal y como suscribió España en la Carta Social Europea.

En resumen, es imprescindible acometer subidas salariales para evitar que los trabajadores paguen las consecuencias de una coyuntura económica forzada por la situación internacional y para evitar que se produzca una desaceleración de la economía.