La Audiencia Provincial obliga a reabrir el caso de presunta prevaricación en Retortillo

Comunicado Plataforma Stop Uranio

La Audiencia Provincial de Salamanca nos da la razón en el recurso de apelación interpuesto por la Plataforma Stop Uranio contra el auto del Juzgado de Ciudad Rodrigo que archivaba nuestra denuncia por prevaricación de los responsables municipales del Ayuntamiento de Retortillo, alcalde y secretaria-interventora, al no notificarnos en su día la concesión de la Licencia Urbanística parcial a la empresa Berkeley Minera España S.L., dejando sin efecto dicho archivo y ordenando la continuación de las actuaciones para determinar si hay delito en este caso.

Hay que recordar que interpusimos esa denuncia el año pasado ante la ausencia de notificación de una resolución que nos afectaba, y la posterior actitud obstruccionista ante la falta de contestación a nuestros requerimientos.

Nos alegramos de que la Audiencia Provincial obligue al Juzgado de Ciudad Rodrigo a investigar a fondo nuestra denuncia y no cerrar en falso sin comprobar todos los extremos del caso. No se puede permitir que en el siglo XXI una administración pública actúe de forma caciquil, sin atenerse a lo que le obligan las leyes que rigen su actuación, como notificar en el plazo de diez días las resoluciones a los interesados, cuyos derechos e intereses puedan verse afectados por dicha resolución, para que puedan interponer los recursos que procedan en vía administrativa o judicial (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Esperemos que esta resolución judicial sirva de aviso al Ayuntamiento de Retortillo, que tiene que sancionar a la empresa Berkeley Minera España S.L. por las obras de desvío de la carretera comarcal SA-322 realizadas sin las licencias oportunas, tal y como les ha señalado el Procurador del Común en atención a la queja formulada por nuestra plataforma.

Siguen pasando los años, las obras de desvío de la carretera son de 2016, y vemos que a Berkeley no se la sanciona, lo que puede dar lugar a la prescripción de la infracción cometida por la empresa minera. Si se llega a dar este caso tendríamos que querellarnos contra los responsables de haber dejado sin sancionar unos hechos que a cualquier otra empresa o ciudadano de a pie le hubiesen costado una importante sanción administrativa.

La sensación de impunidad con la que ha actuado la empresa minera, talando 2000 encinas centenarias con el único objeto de visibilizar la falsa apertura de la mina de Retortillo, nos causa estupor y perplejidad, por lo queesperemos que la Justicia repare lo que las administraciones implicadas no han querido resolver.

Finalmente, señalar que en la reunión de ayer del Comité asesor del Consejo de Seguridad Nuclear se volvió a preguntar por la fecha de la resolución del procedimiento de autorización de construcción de la planta de Retortillo, señalando una vez más el Presidente del CSN que todavía no está concluido el examen de la documentación presentada por Berkeley, por lo que no hay fecha para que el CSN emita el informe preceptivo. Todo apunta a que en 2021 el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico no va a tomar una decisión sobre la planta de tratamiento de uranio.