Stop Uranio denuncia por prevaricación a los responsables municipales del Ayuntamiento de Retortillo

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La plataforma Stop Uranio ha denunciado en el Juzgado de Ciudad Rodrigo a los responsables municipales del Ayuntamiento de Retortillo, alcalde y secretaria-interventora, por prevaricación "al no notificarnos la concesión de la Licencia Urbanística parcial a la empresa Berkeley Minera España S.L." asegura la Plataforma. 


La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas obliga a notificar en el plazo de diez días las resoluciones a los interesados, cuyos derechos e intereses puedan verse afectados por dicha resolución, para que puedan interponer los recursos que procedan en vía administrativa o judicial. "La Plataforma Stop Uranio tiene esa condición de interesado según reconoció el propio ayuntamiento de Retortillo en la contestación a un requerimiento nuestro del año pasado" expone Stop Uranio en un comunicado. 


"A principios del mes de agosto se publicó en diversos medios de comunicación que Retortillo había otorgado una licencia urbanística a Berkeley, por lo que solicitamos que se nos diera traslado de la misma sin obtener respuesta por parte de ese ayuntamiento. Más tarde nuestros abogados hicieron un requerimiento a los responsables municipales para recordarles la obligación legal de comunicar a la plataforma Stop Uranio la resolución por la que se concede licencia urbanística parcial, pero el ayuntamiento no se dio por aludido"


"El ayuntamiento de Retortillo tiene claro que Stop Uranio va a recurrir la licencia concedida por lo que intenta evitar que lo podamos realizar. Esta maniobra obstruccionista es contraria a las leyes que rigen las Administraciones Públicas y choca frontalmente con nuestra Constitución, en cuyo artículo 24 se garantiza la tutela judicial efectiva a las personas físicas y jurídicas".


Así la Plataforma recuersa que tras cuarenta y cinco años de democracia las administraciones públicas españolas se han dotado de normas que regulan el buen gobierno y la transparencia en su funcionamiento, pero existe un agujero negro en algunas administraciones locales que siguen rigiéndose por actitudes caciquiles, poco respetuosas con el estado de derecho actual de nuestro país. Un ejemplo de ello lo tenemos en el comportamiento de los responsables políticos y administrativos de Retortillo, pues no podemos olvidar que las obras realizadas por Berkeley hace cuatro años están pendientes de sanción administrativa, habiendo transcurrido ya la mitad del tiempo necesario para que prescriban esas acciones ilegales. Berkeley no quiere que figure una sanción en su historial, pues comprometería su certificación de calidad en el respeto de las normas medioambientales de la que siempre hace alarde en sus comunicados.

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