¿Qué delitos han podido cometer las residencias de ancianos afectadas por el Coronavirus?

El colectivo de las residencias de ancianos se ha convertido en unos de los sectores más golpeados por la emergencia sanitaria que ha provocado la pandemia del coronavirus. En los últimos días, los medios de comunicación y la Fiscalía han puesto el foco sobre ellas, pues, desde el pasado miércoles 18, no cesa de multiplicarse el número de personas de la tercera edad que viven en las residencias afectadas por el Covid-19.

Si sumamos que la tasa de mortalidad para la tercera edad no es precisamente baja, a la falta de medios materiales y humanos de las residencias de ancianos, el resultado ante cualquier fallo en la cadena de seguridad se aleja de ser esperanzador.

A los más de 20 fallecidos encontrados la semana pasada en la residencia de mayores Monte Hermoso, tenemos que sumar los aproximadamente 30 fallecidos durante esta semana en el resto de residencias de toda la geografía española. Además, debemos valorar que un alto porcentaje de residentes y trabajadores pueden ser actualmente positivos y no manifestar los síntomas, por lo que todavía se desconoce el alcance real de esta situación.

Desde el Legislativo, se ha procedido con el despliegue la Unidad Militar de Emergencia (UME) en al menos, 70 residencias de todo el país. En un principio, la labor de nuestros militares no era otra que la de desinfectar las instalaciones, pero, tras su llegada a los recintos, se han destapado casos de insalubridad, falta completa de atención sanitaria o cuerpos de fallecidos en sus camas.

Mientras que desde Moncloa no terminan de pronunciarse al respecto, los expertos vaticinan una oleada de procedimientos penales y administrativos para las residencias:

“Desde el punto de vista jurídico nos encontramos ante un caso de grandes matices, pues se trata de una situación que podría dar lugar a varios delitos. Por un lado, y con relación a los fallecidos, la residencia de ancianos podría haber incurrido en un delito de homicidio imprudente del artículo 142.1 del Código Penal, o en su defecto, homicidio cometido por imprudencia profesional, acarreando penas de prisión de 1 a 4 años y la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión de 3 a 6 años.

Igualmente, los profesionales de las residencias pueden haber incurrido en un delito de omisión del deber de socorro, del artículo 196 del Código Penal. El precepto establece penas de multa de hasta 9 meses e inhabilitación especial de hasta 3 años. Por parte de los administradores de la residencia, cabe analizar la posible comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores pues, estando legalmente obligados a ello, no han facilitado los medios necesarios para que estos desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, castigando este delito con penas de prisión hasta 3 años y multa de 12 meses.”, comparte el abogado Juango Ospina con este diario.

El despacho del penalista Juan Gonzalo Ospina, Ospina Abogados, ha seguido trabajando desde el inicio de la cuarentena, realizando un seguimiento de primera mano a todos los procedimientos penales y delitos que están comenzando a dispararse.

“Hemos notado un repunte de ciertos ilícitos penales. Aumento en el número detenciones en comisaría, multas por resistencia a la autoridad y desobediencia grave, nuevos casos de violencia de género o ciberestafas, pero nunca nos imaginábamos la situación que están viviendo las residencias. Habrá que esperar para que la verdad salga a la luz, llevando a los responsables ante la justicia”, añade Ospina.

Como asegura el abogado, el Ministerio Fiscal se encuentra en estos momentos investigado las residencias donde se han reportado casos, pero no se descarta que los próximos días, conforme avance la operación militar, aparezcan nuevas residencias afectadas.