CGT denuncia que se pretenden eliminar 82 puestos docentes en la enseñanza Pública de Castilla y León

La propuesta inicial de la Consejería de Educación sobre la modificación de plantilla jurídica para el curso 2019-20 contempla la desaparición de decenas de unidades y puestos de trabajo tanto en el cuerpo de maestros (64 unidades menos y 96 puestos de trabajo menos a nivel regional) como en el de profesores de enseñanza secundaria y otros cuerpos (donde a nivel regional se aumenta en 14 plazas, pero existen pérdidas en varias provincias como Ávila, León, Salamanca, Segovia o Zamora).

Concretamente en la provincia de Salamanca, de salir adelante esta propuesta, se perderán puestos en todos los cuerpos.

Así en el cuerpo de Maestros, la Consejería pretende suprimir 12 unidades y crear 2, con un balance final de pérdida de 10 unidades. En cuanto a puestos de trabajo de maestros, serían suprimidos 15 y creados 5, con un cómputo global negativo de 10 puestos.

Continuando con esta senda destructiva, en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, pretende suprimir 9 puestos y crear 6, de nuevo se perderían 3.

No se ganan puestos tampoco en cuerpo de los Profesores Técnicos de FP , puesto que la intención es suprimir 3 y crear 2, se perdería 1 puesto. En lo referente a profesorado de EEMM en régimen especial, se suprimirían 2 puestos y se crearía 1, total -1.

Por último, la propuesta en cuanto a maestros en IES es la supresión de 4 puestos.

Esta propuesta de la Consejería tiene lugar en el marco de la mal denominada "negociación" de plantillas entre la Consejería y la Mesa Sectorial de sindicatos, negociación que no es tal, ya que los criterios "son impuestos unilateralmente por la administración" denuncia el sindicato CGT.

CGT no participa en la misma, ya que "no forma parte de la Mesa Sectorial, pero en cualquier caso, lo consideramos una pantomima, ya que, más que una negociación real, lo que llevan a cabo los sindicatos es una revisión de que no existan errores en los cálculos que ha llevado la administración según sus criterios, muchos de ellos inaceptables". 

Desde CGT "reclamamos que los criterios utilizados se establezcan con acuerdo entre la Administración y las organizaciones sindicales y no sean unos criterios impuestos unilateralmente como ocurre actualmente".