La Junta construirá 27 viviendas protegidas para jóvenes en Santa Marta de Tormes

Las viviendas protegidas que construirá la Junta de Castilla y León en Santa Marta de Tormes están destinadas a la venta para jóvenes menores de 36 años. El objeto de la licitación es la redacción del Proyecto Básico y del Proyecto de Ejecución de estas viviendas. La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, ha visitado el lunes el solar con el alcalde del municipio, David Mingo.

La previsión es construir un edificio con 27 viviendas, que tendrán una superficie útil de 65 metros cuadrados y contarán con dos dormitorios y dos cuartos de baño.

La parcela donde se edificarán las nuevas viviendas protegidas está ubicada en la avenida de La Serna, número 18 de Santa Marta y ha sido cedida por el Ayuntamiento. El presupuesto de licitación para el proyecto es de 76.994,72 euros y tiene un plazo de redacción de 4 meses. El presupuesto para la construcción del edificio es de 3,3 millones de euros.

El proceso de promoción es proporcional a la demanda y la selección de los demandantes, que deben cumplir las condiciones de acceso a una vivienda de protección, corresponderá al Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes.

Dentro de las medidas para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes en el medio rural, la sociedad pública Somacyl mantiene la de la compra con un precio reducido en un 20%.

Los jóvenes menores de 36 años que deseen optar a la compra de estas viviendas han de cumplir una serie de requisitos (en el caso de que el comprador sea un matrimonio o pareja de hecho, bastará con que uno de los dos sea menor de 36 años):

Estar inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León.

Tener unos ingresos familiares que no excedan de 5 veces el IPREM y no inferiores a una vez el IPREM.

No ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o de disfrute sobre otra vivienda en España, o que siendo titular de tales derechos no pueda ocupar la vivienda por causas que no le sean imputables, incluidas situaciones de proindiviso o aquellas otras en el que el puesto de trabajo se localice a más de 50 kilómetros de la vivienda.