Stop Uranio considera que la Diputación de Salamanca ha dado carpetazo definitivo al convenio de colaboración suscrito con Berkeley

Foto de archivo

La Plataforma Stop Uranio considera que la Diputación de Salamanca ha dado carpetazo definitivo al convenio de colaboración suscrito con Berkeley Minera para el desdoblamiento de la carretera comarcal SA-322, al desestimar el recurso presentado por la empresa al Decreto emitido en diciembre por el que se rescindía el citado convenio.

"Como ya señalamos al conocer la rescisión del convenio, este hecho supone un hito en el devenir del proyecto minero y un inconveniente mayúsculo en la pretensión de abrir la mina y planta de tratamiento de uranio de Retortillo, al ser la primera vez que una administración implicada en este asunto da marcha atrás y le da la espalda a la empresa minera" asegura la Plataforma. 

Para Stop Uranio "Es de agradecer la pronta resolución del recurso presentado y que se actúe con transparencia, al habernos hecho llegar a la Plataforma Stop Uranio el Decreto de resolución. Al contrario de la Junta de Castilla y León, cuyo Vicepresidente Igea es también Consejero de Transparencia, pero cuya actuación es de total hermetismo en todo lo que se refiere a los proyectos de Berkeley Minera, la Diputación de Salamanca ha actuado en este asunto con celeridad, transparencia, buena fe y por el bien de nuestra provincia" han afirmado en un comunicado. 

La Diputación de Salamanca ha decidido rescindir el convenio por “falta de disponibilidad de los terrenos y falta de autorizaciones y licencias” para la ejecución de la variante de la carretera comarcal afectada por el proyecto minero, lo que ha dado lugar ala prolongación en el tiempo del convenio firmado en 2016, superando el plazo máximo de cuatro años de vigencia conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Conviene recordar que casi cinco años después de haber iniciado las obras de ese desdoblamiento, Berkeley ha sido incapaz de culminarlo, lo que confirma nuestra sospecha inicial de que se trataba únicamente de un recurso propagandístico de la compañía de cara a visualizar ante posibles inversores que la mina de Retortillo estaba en marcha. En este sentido señalar que el Procurador del Común dictaminó que el Ayuntamiento de Retortillo debe sancionar a la minera por realizar esas obras sin los permisos oportunos.

"Sin el tramo de la carretera actual, que sería ocupado por escombreras e instalaciones mineras, y sin los terrenos ubicados en el término municipal de Villavieja de Yeltes (Santidad), a los que ha renunciado Berkeley para centrarse en Retortillo, cuyo ayuntamiento se muestra favorable al proyecto, no parece viable que pueda resultar rentable el negocio del uranio pretendido por la empresa minera. Máxime si tenemos en cuenta que la inminente aprobación de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energéticaprohibiría nuevas minas de uranio en el Estado español, por lo que Berkeley se quedaría sin la posibilidad de explotar los yacimientos más ricos en mineral que viene anunciando en sus comunicaciones a futuros inversores, que se encuentran en Zona 7 (Villavieja de Yeltes) o Alameda de Gardón, cuyos materiales deberían ser tratados en la planta de Retortillo si finalmente se autoriza la construcción de la planta de tratamiento por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico" afirman desde la Plataforma. 

En conclusión, "seguimos pendientes del abandono definitivo de la empresa Berkeley de su negocio de uranio en Salamanca. Sabemos que no es fácil que la multinacional australiana dé su brazo a torcer después de haber invertido millones de euros sin poder comercializar un gramo de uranio, pero creemos que es sólo cuestión de tiempo que tengan que asumir que el plazo para explotar ese mineral radiactivo en nuestra provincia ha acabado".