Castilla y León será la primera comunidad autónoma en acoger a menores migrantes procedentes de Canarias

Castilla y León será la primera autonomía en acoger a menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha elegido esta Comunidad para pilotar los primeros traslados de adolescentes desde las islas hasta la Península y aliviar así la saturación que sufren los centros de inmigrantes del archipiélago.

Así se ha concretado en un encuentro telemático celebrado esta misma semana entre representantes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Canarias y del Ministerio, en la que se han sentado unas bases preliminares sobre el procedimiento que debe seguirse para garantizar el desplazamiento de los menores en las mejores condiciones.

Cabe recordar que la Junta fue uno de los primeros gobiernos autonómicos en mostrar su solidaridad y atender la petición de ayuda lanzada por el ejecutivo canario a finales del pasado año, ofreciéndose a albergar en el territorio autonómico a 25 adolescentes. En paralelo, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha venido insistiendo ante el Ministerio, en distintos foros multilaterales, en la necesidad de fijar unos criterios comunes para ordenar el proceso con garantías en el conjunto del territorio nacional.

Trámites de entrega y documentación

De esas pautas se ha hablado también en la última reunión celebrada entre las dos comunidades y el Gobierno central, donde se han debatido aspectos relativos al transporte de los menores, el trámite de entrega a la Junta de Castilla y León para su tutela, y la documentación que debe acompañar a cada migrante.

Para la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, es imprescindible que los menores lleguen al destino con una PCR y con informes de edad, de valoración y de las intervenciones sociales realizadas con ellos, con la finalidad de garantizar la seguridad de todos los agentes que intervienen en el proceso y, en particular, de los propios menores, tanto en el momento del traslado como en el futuro.